El presidente de EE.UU., Barack Obama, está a punto de autorizar una misión encabezada por los militares norteamericanos para entrenar a los rebeldes sirios moderados que luchan contra el gobierno del presidente sirio, Bashar Al-Assad, y grupos yihadistas vinculados con Al-Qaeda. El nuevo programa de entrenamiento militar, de aplicarse, podría complementar a un pequeño programa de capacitación en curso dirigido por la CIA que Obama autorizó el año pasado.
En un discurso de graduación en la Academia Militar de West Point, mañana Obama señalará el respaldo a la nueva iniciativa de formación al decir que él tiene la intención de aumentar el apoyo a la oposición siria armada -en particular proporcionándoles una formación- pero no se espera que Obama proporcione detalles sobre cómo, ni dónde se llevaría a cabo dicha capacitación. Los líderes de la oposición siria dicen que el programa sería un paso en la dirección correcta, pero han expresado su escepticismo sobre que el entrenamiento por sí solo pudiese cambiar el rumbo del conflicto.
58 países emitieron una declaración y carta el pasado 19 de mayo de 2014, pidiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aprobase un proyecto de Francia que propone remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI). Además dichos países también instaron a otros miembros de la ONU a aprobar oficialmente la resolución.
El 12 de mayo, Francia circuló un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad que le daría a la Corte Penal Internacional un mandato sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Siria. El 15 de mayo, se abrió el análisis de una resolución con el co-patrocinio de varios miembros de ONU junto a más de 100 ONG´s de todo el mundo que emitieron una declaración conjunta instando al Consejo de Seguridad a aprobar el proyecto de resolución francés.
El proyecto de resolución toma nota de los informes por una comisión independiente nombrada por el Consejo de DDHH de la ONU para investigar las violaciones de los derechos humanos en Siria. En su último informe, de septiembre pasado, la Comisión dijo que al menos 8 masacres habían sido perpetradas por el gobierno y los partidarios de Al-Assad mientras que se registró una por los rebeldes hace 1 año y medio atrás. Seger, representante de Suiza, dijo "En situaciones como la de Siria, donde ahora tenemos víctimas en cientos de miles y millones de desplazados (…) Si esto no es un caso para la justicia internacional, denme otro ejemplo. " Una lista confidencial de presuntos delincuentes está siendo producida por la Comisión y se mantiene en secreto por el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Navi Pillay.
Rusia vetó el citado proyecto de resolución de ONU. Rusia ya había expresado su oposición a una referencia del caso sirio a la CPI, pero las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores Gennady Gatilov fueron más una advertencia que una declaración cuando señaló que “El proyecto que se ha presentado al Consejo de Seguridad de la ONU es inaceptable para nosotros (…) Y vamos a vetar cualquier iniciativa de este tipo”.
Gatilov sostuvo que su país se opone ya que considera que es contraproducente en la situación actual y que creía que el objetivo real detrás del proyecto de resolución era obtener el permiso para el uso de la fuerza en Siria, bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU.
Para Al-Assad, sin enfrentarse a ningún rival importante, las elecciones del 03 de junio serán un trámite administrativo y la situación ha provocado que sus enemigos occidentales y árabes hayan desestimado el proceso y lo calificaron como una parodia de la democracia. Las elecciones del próximo mes, aunque sean consideradas como una farsa, dejan al descubierto los errores de apreciación de árabes, occidentales -y países como Turquía- que estimaron que Al-Assad caería en meses. Ahora es momento de asumir el error de cálculo y reformular las políticas hacia Siria.
Por caso, la política occidental presente y futura -en relación con el conflicto sirio y sus diversas cuestiones regionales- deberá basarse en dos objetivos básicos: primero, las políticas deben que llevarse a la práctica deberán tener como objetivo reforzar la capacidad de la oposición política y lograr una cohesión que sea creíble en el largo plazo; tal estructura deberá ser capaz de desafiar el gobierno de manera más eficaz en una mesa de negociación o en futuras elecciones. Y en segundo lugar, las políticas de la comunidad internacional deberán garantizar las capacidades de los Estados vecinos de Siria para afrontar los problemas derivados del conflicto (violencia, refugiados y exportación de grupos yihadistas) que hoy afectan a la región.
Cualquier equipo mediador de ONU deberá trabajar para ejercer una influencia en EE.UU. y las potencias occidentales, que han establecido posiciones irreales sobre el resultado final del conflicto sirio. Occidente, y algunos Estados árabes, deben aceptar 2 hechos: uno, Irán debe estar en cualquier mesa de negociaciones sobre Siria; y segundo, cualquier solución negociada deberá incluir a Bashar Al-Assad. Los intereses de Irán en Siria son profundos, y si no se incluye a Irán simplemente no se podrán encontrar otras maneras de asegurar un escenario sirio estable, ya que Hezbollah y las milicias chiitas son un componente importante.
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