Durante la sesión presidida por Primer Ministro Adel Safar, el Gabinete aprobó un proyecto de ley para ponerle fin al estado de emergencia en Siria declarado en 1963. El Gabinete también aprobó una ley para abolir el Tribunal Superior de Seguridad del Estado establecido en base al Decreto 48 de 1968 y sus modificaciones, refiriendo los casos ante las autoridades judiciales pertinentes; además pasó un proyecto de regulación sobre el derecho para manifestarse en paz, como uno de los derechos humanos básicos garantizados por la Constitución de Siria -que ahora se requerirá de la aprobación del Ministerio Interior para organizar una manifestación- como uno de sus puntos sobresalientes.
Este paquete de medidas estratégicas, de acuerdo a los medios oficiales sirios, es parte del programa de reforma política que tiene por objeto afianzar la democracia, ampliar la participación ciudadana, fortalecer la unidad nacional, garantizando la seguridad del Estado y ciudadanos, y hacer frente a los diversos desafíos. En el mismo marco, el Consejo de Ministros solicitó a los ministerios competentes acelerar la ley de partidos, los medios de comunicación y la ley de administración local y presentarlos al Consejo de Ministros para su discusión a la brevedad posible.
Sobre el tema de la corrupción estatal, y a fin de proporcionar nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos, el Consejo de Ministros examinó un proyecto de ley sobre el establecimiento de un programa para el empleo de jóvenes en los establecimientos estatales que proporcionarán hasta 10.000 oportunidades de trabajo cada año a quienes tengan títulos universitarios y terciarios; los ministros también acordaron cancelar la condición nominación de tener un promedio 60% de graduados empleados por órganos en general.
El líder opositor Haitham Maleh –reconocido activista sirio por los DDHH- señaló que el anuncio es solo habladuría y que las protestas no se detendrán hasta que todas las demandas sean satisfechas o el régimen se haya ido.
El Ministro de Relaciones Exteriores británico William Hague, describió la decisión del gabinete como "un paso en la dirección correcta... pero sólo una parte de un paquete más amplio de las reformas necesarias."
Estados Unidos no está seguro de que el proyecto de ley sirio para levantar el Estado de Emergencia sea menos restrictivo. Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado, indicó que no estaba claro si había aprobado una legislación para levantar la ley de emergencia, pero que una nueva ley que exija que los manifestantes deban solicitarle permiso al Ministerio del Interior para marchar, puede ser más restrictiva que la ley que se busca derogar.
Como era de esperarse los manifestantes salieron a las calles en Baniyas, tras el anuncio del fin al Estado de Emergencia y se repitieron las demandas, que incluyen la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y un sistema multipartidario. Sin embargo el dato significativo fueron los incidentes en Homs donde las fuerzas de seguridad dispararon contra una multitud de miles de manifestantes en la plaza central de Homs, a pocas horas después el que Ministro sirio del Interior calificara a las protestas de las últimas semanas como una insurrección armada.
Homs es la tercera ciudad más grande de Siria, está cerrada y rodeada por el Ejército en tres anillos de puestos de control; en los últimos días, Homs ha sido el escenario de algunas de las mayores protestas en el país y se han renovado tras el anuncio de las concesiones esbozadas por el presidente Bashar al-Assad en un discurso televisado sábado pasado.
Las protestas de 2011 son las más graves desde la revuelta de la Hermandad Musulmana en 1982, solo que ahora incluye a un espectro más amplio de la sociedad siria: laicos, izquierdistas, figuras tribales, religiosos y a los estudiantes.
Bashar Assad, ha respondido con una combinación de concesiones limitadas y uso de fuerza; pero dista mucho de grado de represión desatada por su padre Hafez en 1982 que se estima llegó a los 20.000 muertos. Ciertamente tampoco tiene Bashar el espacio para semejante represión y el hecho que los sucesos de Homs y Baniyas sean calificados de insurrección armada pueden ser un indicador de la creciente preocupación que la situación se le vaya de las manos al régimen.
Es cierto lo que señalan desde la oposición cuando dicen que las nuevas leyes limitan las libertades políticas y que la supresión del Tribunal Superior de Seguridad del Estado tiene un valor simbólico, pero el cambio sigue siendo enorme y eran impensadas hace 60 días, aún por el más entusiasta opositor. Medidas como ésta pueden ganar tiempo, para evitar que el régimen sirio termine como el egipcio o el tunecino.
Pero el espacio para el cambio no es ilimitado y en algún momento Al-Assad se verá obligado a ceder más poder, el estado deberá adoptar un papel activo sobre su responsabilidad y deberá finalizar con el accionar de la policía secreta –mukhabarat- en contra de los opositores.
Declaraciones como las emitidas desde el Ministerio del Interior, donde se advertía sobre el accionar de grupos salafistas y que sus actividades terroristas no serán toleradas por las autoridades -que actuarán con determinación para imponer la seguridad y la estabilidad en el país- no hacen otra cosa que sonar como una provocación más para los manifestantes que sienten que sus pedidos no son tenidos en cuenta.
El líder opositor Haitham Maleh –reconocido activista sirio por los DDHH- señaló que el anuncio es solo habladuría y que las protestas no se detendrán hasta que todas las demandas sean satisfechas o el régimen se haya ido.
El Ministro de Relaciones Exteriores británico William Hague, describió la decisión del gabinete como "un paso en la dirección correcta... pero sólo una parte de un paquete más amplio de las reformas necesarias."
Estados Unidos no está seguro de que el proyecto de ley sirio para levantar el Estado de Emergencia sea menos restrictivo. Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado, indicó que no estaba claro si había aprobado una legislación para levantar la ley de emergencia, pero que una nueva ley que exija que los manifestantes deban solicitarle permiso al Ministerio del Interior para marchar, puede ser más restrictiva que la ley que se busca derogar.
Como era de esperarse los manifestantes salieron a las calles en Baniyas, tras el anuncio del fin al Estado de Emergencia y se repitieron las demandas, que incluyen la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y un sistema multipartidario. Sin embargo el dato significativo fueron los incidentes en Homs donde las fuerzas de seguridad dispararon contra una multitud de miles de manifestantes en la plaza central de Homs, a pocas horas después el que Ministro sirio del Interior calificara a las protestas de las últimas semanas como una insurrección armada.
Homs es la tercera ciudad más grande de Siria, está cerrada y rodeada por el Ejército en tres anillos de puestos de control; en los últimos días, Homs ha sido el escenario de algunas de las mayores protestas en el país y se han renovado tras el anuncio de las concesiones esbozadas por el presidente Bashar al-Assad en un discurso televisado sábado pasado.
Las protestas de 2011 son las más graves desde la revuelta de la Hermandad Musulmana en 1982, solo que ahora incluye a un espectro más amplio de la sociedad siria: laicos, izquierdistas, figuras tribales, religiosos y a los estudiantes.
Bashar Assad, ha respondido con una combinación de concesiones limitadas y uso de fuerza; pero dista mucho de grado de represión desatada por su padre Hafez en 1982 que se estima llegó a los 20.000 muertos. Ciertamente tampoco tiene Bashar el espacio para semejante represión y el hecho que los sucesos de Homs y Baniyas sean calificados de insurrección armada pueden ser un indicador de la creciente preocupación que la situación se le vaya de las manos al régimen.
Es cierto lo que señalan desde la oposición cuando dicen que las nuevas leyes limitan las libertades políticas y que la supresión del Tribunal Superior de Seguridad del Estado tiene un valor simbólico, pero el cambio sigue siendo enorme y eran impensadas hace 60 días, aún por el más entusiasta opositor. Medidas como ésta pueden ganar tiempo, para evitar que el régimen sirio termine como el egipcio o el tunecino.
Pero el espacio para el cambio no es ilimitado y en algún momento Al-Assad se verá obligado a ceder más poder, el estado deberá adoptar un papel activo sobre su responsabilidad y deberá finalizar con el accionar de la policía secreta –mukhabarat- en contra de los opositores.
Declaraciones como las emitidas desde el Ministerio del Interior, donde se advertía sobre el accionar de grupos salafistas y que sus actividades terroristas no serán toleradas por las autoridades -que actuarán con determinación para imponer la seguridad y la estabilidad en el país- no hacen otra cosa que sonar como una provocación más para los manifestantes que sienten que sus pedidos no son tenidos en cuenta.
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