El Ministerio del Interior elevó el proyecto para reglamentar las manifestaciones en Siria

Un gran número de activistas sirios han sido puestos en libertad a lo largo de la última semana, después de haber sido detenidos por su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar en muchas ciudades, y fueron liberados en libertad bajo fianza a fin de estar delante de los tribunales en el futuro; en todos los casos a los activistas se les pidió que firmen un compromiso de que no iban a tomar parte en las manifestaciones.

Fuentes militares emitieron un comunicado donde se informaba que elementos criminales armados que emplean el contrabando y el asesinato a civiles inocentes habían asaltado puestos de guardia de fronteras, destrozaron propiedades públicas, levantaron bloqueos en el área de Al-Arida -en Telkalakh- y los habitantes locales pidieron la intervención del ejército.

Desde la oposición al régimen sirio esta noticia no es compartida y se pidieron medidas puntuales. Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch para Oriente Medio, señaló que la ley de emergencia puede haber sido levantada en el papel, pero que la represión sigue siendo la regla en las calles de Siria: de hecho Human Rights Watch instó a las autoridades sirias a que revelen de inmediato el paradero de determinados activistas, garanticen que no se haga daño a los que se encuentran detenidos y que se liberen a todos los detenidos por el ejercicio de libertad de expresión y asociación.

Como se había anunciado al momento de la derogación de la Ley de Emergencia, el Ministerio del Interior dio a conocer las instrucciones ejecutivas relacionadas con el Decreto Legislativo No.54 que regula el derecho para solicitar una manifestación pacífica, que está básicamente garantizado por la Constitución siria. Las instrucciones constan de 15 artículos, que incluyen definiciones de manifestaciones e información pertinente.

Las instrucciones especifican que los "organizadores del Grupo” son los que llaman a una manifestación pacífica, mientras que los "organizadores del Comité” son el Presidente y varios miembros que organizan y controlan la manifestación. La manifestación no estará permitida hasta que la licencia se obtenga y la legislación específica que las entidades que tienen el derecho a la convocatoria de una manifestación son los ciudadanos, los partidos políticos, organizaciones populares, sindicatos profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

En caso de que la manifestación fuese convocada por los ciudadanos, los organizadores del Comité deben ser residentes permanentes en el lugar en el que la manifestación se llevará a cabo; en el caso de los partidos, las organizaciones populares, sindicatos profesionales y organizaciones de la sociedad civil deben ser representados por el órgano central de estos grupos.

El Ministerio del Interior formará un comité específico para estudiar las solicitudes y tomar decisiones con respecto a ellas -por escrito-, la misma será enviada a la gobernación en la que tenga lugar; en el caso de que la solicitud fuese rechazada, la carta de rechazo deberá adjuntar una explicación de las razones del rechazo. La solicitud se presentará a la gobernación local al menos cinco días antes de la fecha de la manifestación y en caso de no haber respuesta a la solicitud en cinco días, se considerará aprobada la manifestación.

Las instrucciones identificadas "Razones para no permitir u organizar una manifestación" como en el caso de que haya posibilidad de disturbios o actos de vandalismo, también cuando la manifestación tiene como objetivo aterrorizar a los ciudadanos y para evitar que la realización de actos jurídicos o para obligarlos a cometer actos ilegales. Una aplicación de manifestación también podría ser rechazada si las fuerzas de seguridad en la zona de demostración no son suficientes para manejar cualquier deterioro incidente. Otras causas de rechazo es que la manifestación tenga como objetivo provocar la violencia sectaria o el racismo, o en caso de que dos solicitudes de dos manifestaciones sean en el mismo lugar.

Cuando se concede licencia, la policía de la gobernación local se encargará de la coordinación junto al comité de los organizadores de la manifestación. El representante del Ministerio del Interior está facultado para advertir al comité de una manifestación para dispersar disturbios; en caso de que los manifestantes no respondan el representante tiene derecho a dispersar a los participantes -advirtiéndole en dos ocasiones- y si los manifestantes no responden el representante tiene derecho a advertir sobre el uso de fuerza dos veces y luego de ello los manifestantes serán dispersados por la fuerza gradualmente para mantener la paz y el orden.

Las instrucciones también estipulan que los manifestantes deben tener al menos 18 años de edad, las manifestaciones solo se organizan de día, los manifestantes no deben llevar ningún tipo de armas -incluso con portación legal- y las armas se definen como cualquiera que sea peligrosa para la seguridad pública; así mismo se prohíben las manifestaciones en fiestas nacionales y religiosas. Cualquier manifestación organizada fuera de las normas del Decreto Legislativo No.54 o cualquier manifestación con licencia, durante la cual se produzcan actos o la incitación a actos que atenten contra la seguridad pública y el orden, será considerada como disturbio y estará sujeta a la ley penal.

La continuidad de las reformas políticas tal como fueron anunciadas por el presidente Al-Assad, al momento de la derogación de la Ley de Emergencia, puede considerarse una señal de la creciente confianza del gobierno sobre que lo peor de las manifestaciones ha pasado y ahora resta configurar el escenario político resultante. Tampoco es casual que el Decreto Legislativo Nº 54 sea elevado al mismo momento que Bouthania Shaaban mantiene conversaciones con los sectores más antiguos de la oposición, en un intento de fragmentar al movimiento entre los jóvenes y los tradicionales, cuando se sabe que son los jóvenes los que han llevado adelante las marchas y los reclamos.

La elevación del Decreto Legislativo Nº 54 marca también el límite de la tolerancia del régimen sirio al disenso y deja abierta la posibilidad de elegir qué forma tendrá la oposición; por otro lado el gobierno ya dejó en claro que no dudará en utilizar la fuerza cuando sea necesario y de la manera que lo considere oportuna.