Las condiciones en Siria pueden están preparadas para el derrocamiento de Al-Assad, pero tal vez no provengan de las calles con las manifestaciones, sino por una profundización de la crisis económica.
La economía de Siria entró en caída, después de una sequía de cinco años seguidos destruyó sucesivamente las cosechas de trigo; este dato es importante ya que el régimen sirio basó su legitimidad en la garantía de la autosuficiencia alimentaria para los 22 millones de habitantes. La sequía ha dejado a miles de campesinos sin trabajo en las regiones del norte, aumentando el número de desempleados en las grandes ciudades como Alepo y Damasco; no es casual que Daraa –una ciudad agrícola- haya marcado el inicio de las revueltas.
Las tasas sirias de desempleo han alcanzado el 14 % -de la fuerza de trabajo- y la industria del turismo se ha desplomado desde el estallido de las marchas y se han puesto en duda las inversiones de infraestructura previstas para ese ámbito desde los países del Golfo y Líbano; también se afectó al sector inmobiliario que fue durante los últimos años la principal atracción de capitales.
Cuando el presidente Bashat Al-Assad llegó al poder, comenzó a cambiar el modelo socialista de su padre por uno de apertura moderada que se sostiene hasta hoy en día. Este modelo generó una expansión de la economía siria, pero trajo aparejada una ola masiva de despidos que se hizo notar en los grandes centros urbanos.
Sumado a los ciclos de sequias continuas, las privatizaciones fragmentaron a la sociedad y comenzaron a crecer los cinturones de pobreza en las grandes ciudades. Este panorama se trató de revertir con las inversiones extranjeras de los países de la región –Turquía, Irán y Golfo Arábigo-.
Las reformas y la apertura de la economía -controlada por el Estado- le dio al presidente Bashar al-Assad una base de legitimidad importante, aunque los beneficios solo habían llegado los sirios de clase media con contactos en el poder.
En los meses previos a las protestas, Abdullah al-Dardari, Viceprimer Ministro para asuntos económicos, era visto en Occidente como la cara de la reforma económica de Siria. Pero represión del gobierno contra los manifestantes tensó las relaciones con gobiernos extranjeros -incluyendo a su socio Turquía- y a medida que la economía se detenga, el FMI ya rebajó en abril de 2011 la previsión de crecimiento siria al 3% del 5,5%.
El gobierno está luchando una batalla de dos frentes. Su objetivo es apaciguar a los manifestantes con gasto social, creando al principio de las protestas más puestos de trabajo del sector público y aumentando los salarios y pospuso los planes de recortes al sector público en un segundo plano.
La mayor de las presiones al régimen no proviene de las sanciones de EE.UU. o la Unión Europea, sino del retiro de los capitales. En marzo, France Telecom, Etisalat de Emiratos Árabes Unidos y Turkcell se retiró de la licitación para la tercera licencia de Siria de telefonía móvil. Etisalat, dijo en el momento en que los términos del acuerdo no fueron atractivos. El gobierno también ha dicho que revisará los acuerdos de libre comercio, una medida que podría ayudar a retener la lealtad de la clase de los comerciantes grandes sunitas. Los comerciantes de Damasco y Alepo -todavía en gran medida en silencio mientras otras ciudades sirias son sacudidas por las protestas- darán la bienvenida a la revisión ya que la liberalización del comercio en los últimos años ha reducido la industria textil local.
Aunque en los supermercados de las principales ciudades sirias hay abundancia de bienes y los precios siguen siendo los mismos, el gobierno sirio ha presentado un paquete de reformas para mantener la economía siria y para satisfacer las demandas de los sirios de base.
Solo por citar un ejemplo, el gabinete sirio anunció recientemente una reducción en los precios de la gasolina, una demanda solicitada urgentemente por la mayoría de los sirios. El litro de gasolina, que los sirios de categoría media el uso de calefacción, bajó de 20 libras sirias ($ 0,42 dólares) a 15 libras ($ 0.32). Esta medida le costará al Estado sirio unos u$s 520 millones sumados a la subvención del combustible en curso que ya asciende a 150 u$s 3.125 millones.
Estas medidas podrán calmar a la población mientras duren los reclamos e inclusive un tiempo después, también podrán asegurarle al régimen una cierta estabilidad. Pero el costo que el Estado debe afrontar mes a mes, en un contexto de reducción de ingresos sumado al boicot tácito internacional, hace imposible su aplicación indefinidamente y supondrá un escollo de importancia para el presidente Al-Assad en un escenario de mediano plazo.
La economía de Siria entró en caída, después de una sequía de cinco años seguidos destruyó sucesivamente las cosechas de trigo; este dato es importante ya que el régimen sirio basó su legitimidad en la garantía de la autosuficiencia alimentaria para los 22 millones de habitantes. La sequía ha dejado a miles de campesinos sin trabajo en las regiones del norte, aumentando el número de desempleados en las grandes ciudades como Alepo y Damasco; no es casual que Daraa –una ciudad agrícola- haya marcado el inicio de las revueltas.
Las tasas sirias de desempleo han alcanzado el 14 % -de la fuerza de trabajo- y la industria del turismo se ha desplomado desde el estallido de las marchas y se han puesto en duda las inversiones de infraestructura previstas para ese ámbito desde los países del Golfo y Líbano; también se afectó al sector inmobiliario que fue durante los últimos años la principal atracción de capitales.
Cuando el presidente Bashat Al-Assad llegó al poder, comenzó a cambiar el modelo socialista de su padre por uno de apertura moderada que se sostiene hasta hoy en día. Este modelo generó una expansión de la economía siria, pero trajo aparejada una ola masiva de despidos que se hizo notar en los grandes centros urbanos.
Sumado a los ciclos de sequias continuas, las privatizaciones fragmentaron a la sociedad y comenzaron a crecer los cinturones de pobreza en las grandes ciudades. Este panorama se trató de revertir con las inversiones extranjeras de los países de la región –Turquía, Irán y Golfo Arábigo-.
Las reformas y la apertura de la economía -controlada por el Estado- le dio al presidente Bashar al-Assad una base de legitimidad importante, aunque los beneficios solo habían llegado los sirios de clase media con contactos en el poder.
En los meses previos a las protestas, Abdullah al-Dardari, Viceprimer Ministro para asuntos económicos, era visto en Occidente como la cara de la reforma económica de Siria. Pero represión del gobierno contra los manifestantes tensó las relaciones con gobiernos extranjeros -incluyendo a su socio Turquía- y a medida que la economía se detenga, el FMI ya rebajó en abril de 2011 la previsión de crecimiento siria al 3% del 5,5%.
El gobierno está luchando una batalla de dos frentes. Su objetivo es apaciguar a los manifestantes con gasto social, creando al principio de las protestas más puestos de trabajo del sector público y aumentando los salarios y pospuso los planes de recortes al sector público en un segundo plano.
La mayor de las presiones al régimen no proviene de las sanciones de EE.UU. o la Unión Europea, sino del retiro de los capitales. En marzo, France Telecom, Etisalat de Emiratos Árabes Unidos y Turkcell se retiró de la licitación para la tercera licencia de Siria de telefonía móvil. Etisalat, dijo en el momento en que los términos del acuerdo no fueron atractivos. El gobierno también ha dicho que revisará los acuerdos de libre comercio, una medida que podría ayudar a retener la lealtad de la clase de los comerciantes grandes sunitas. Los comerciantes de Damasco y Alepo -todavía en gran medida en silencio mientras otras ciudades sirias son sacudidas por las protestas- darán la bienvenida a la revisión ya que la liberalización del comercio en los últimos años ha reducido la industria textil local.
Aunque en los supermercados de las principales ciudades sirias hay abundancia de bienes y los precios siguen siendo los mismos, el gobierno sirio ha presentado un paquete de reformas para mantener la economía siria y para satisfacer las demandas de los sirios de base.
Solo por citar un ejemplo, el gabinete sirio anunció recientemente una reducción en los precios de la gasolina, una demanda solicitada urgentemente por la mayoría de los sirios. El litro de gasolina, que los sirios de categoría media el uso de calefacción, bajó de 20 libras sirias ($ 0,42 dólares) a 15 libras ($ 0.32). Esta medida le costará al Estado sirio unos u$s 520 millones sumados a la subvención del combustible en curso que ya asciende a 150 u$s 3.125 millones.
Estas medidas podrán calmar a la población mientras duren los reclamos e inclusive un tiempo después, también podrán asegurarle al régimen una cierta estabilidad. Pero el costo que el Estado debe afrontar mes a mes, en un contexto de reducción de ingresos sumado al boicot tácito internacional, hace imposible su aplicación indefinidamente y supondrá un escollo de importancia para el presidente Al-Assad en un escenario de mediano plazo.
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