Human Rights Watch (HRW) dijo hoy que los asesinatos y las torturas por parte de las fuerzas de seguridad sirias en la ciudad sureña de Daraa en los últimos dos meses, se podrán calificar como crímenes de lesa humanidad; la presunción del organismo -con sede en Nueva York- se debe a las más de 50 entrevistas con víctimas y testigos que indican "asesinatos sistemáticos, las palizas, la tortura el uso de dispositivos de electrochoque, y la detención de personas que buscan atención médica."
Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de HRW, señaló en comunicado que durante más de dos meses, las fuerzas de seguridad sirias han estado matando y torturando a su propio pueblo con total impunidad. En particular, señaló a un ataque contra una mezquita que sirve como punto de encuentro para los manifestantes, así como un hospital improvisado, y los ataques contra las protestas posteriores, dejando a más de 30 manifestantes muertos.
El informe, "Nunca hemos visto tal horror", relata los incidentes y aporta varios detalles del uso deliberado de la fuerza letal contra una inmensa multitud donde la mayoría estaban desarmados en Daraa –donde comenzó el movimiento de protesta- y relata otros sucesos como dos testimonios independientes sobre la ejecución de los detenidos en un campo de fútbol.
El informe, afirma ser el primero que da cuenta de los abusos de autoridad, que muchos temen, que hayan sucedido en la provincia de Daraa; los medios de comunicación internacionales y la ONU no tienen permitido el acceso y la zona está bajo control militar desde el 25 de abril.
Las autoridades sirias han tratado de mantener alejadas del mundo las imágenes y la información sobre las acciones en la ciudad del sur de Daraa, escenario de una masiva campaña gubernamental contra los manifestantes. Sin embargo, los sirios han documentado abusos con teléfonos celulares y cámaras y han suministrado este material a Human Rights Watch. Las autoridades sirias han confiscados teléfonos celulares con videos condenatorios y son muy buscados durante las requisas a los habitantes de la ciudad. Por otro no hay observadores independientes pudieran entrar en la ciudad y una periodista internacional que logró informe de Daraa durante las primeras dos semanas de protestas en marzo fue arrestada a su regreso a Damasco.
De acuerdo con los grupos de derechos humanos, se estima que ya ascienden a 1.100 las personas que han muerto desde que el régimen inicio las ofensivas contra los manifestantes.
Este informe, si bien no es condenatorio como si lo sería uno elaborado por Naciones Unidas, resulta innegable el peso que genera un documento de Human Rights Watch en la opinión pública internacional y con el elemento adicional que suponen las movilizaciones pro-democráticas en el Medio Oriente. El informe supone una avanzada contra el régimen del presidente Al-Assad y lo deja en una posición vulnerable dentro del contexto de países occidentales que ya le han advertido sobre el uso de la fuerza contra los manifestantes; aunque este no es el primer informe negativo que recibe Siria sobre la situación de los DDHH, el presente es de una inusual gravedad ya que afecta a la propia estabilidad del régimen y lo expone a profundizaciones de las sanciones y hasta posibles intervenciones.
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