Testigos señalaron que soldados del ejército sirio, flanqueados por las Fuerzas Especiales y tanques, comenzaron una serie de operaciones que incluyeron disparos en Daraa, causando numerosas bajas. El asalto y los bombardeos a la ciudad se sucedieron desde los cuatro puntos cardinales, y en la ciudad se observaban largas columnas de humo e incendios; se confirmaron además informes que hablan de fuerzas sirias irrumpiendo en viviendas particulares para realizar detenciones.
En la mañana, el portavoz del gobierno jordano, Taher Al Adwan, confirmó el cierre de las fronteras de su país con Siria y dijo que el cierre se llevó a cabo desde el lado sirio; esta noticia sin embargo, ha negada por la Agencia de Noticias Siria (SANA). El gobierno sirio, en cambio, ha acusado a los jordanos de contrabandear armas a los residentes de Daraa desde el inicio de las protestas a mediados de marzo.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), un grupo de 52 juristas eminentes con sede en Ginebra, señaló en un comunicado que El Consejo de Seguridad tiene que investigar "asesinatos en masa" por parte de las fuerzas de seguridad en Siria que podrían justificar el enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, dijo que las fuerzas de seguridad sirias, incluidos los miembros de la guardia presidencial, y las milicias pro-régimen, se creen que están llevando a cabo estos ataques y el Consejo de Seguridad debe proteger a los manifestantes pacíficos de homicidios ilegítimos y debe examinar la situación con el fin de establecer la responsabilidad de los autores y dar justicia para las víctimas.
La CIJ pidió a las autoridades sirias que cesen en el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y consideró además, que llevar a cabo esos ataques -incluidos disparar munición real contra multitudes- el régimen sirio debe ser considerado penalmente responsable.
Se estiman que más de 330 personas han muerto en las cinco semanas de protestas que se desataron en Siria, donde las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud para disuadir las protestas y un gran número de manifestantes continúan detenidos. Por otro lado, en el informe se señala también el accionar de la policía secreta, que allanó casas de defensores de los DDHH -durante la noche- en cercanía de Damasco.
Los hechos de los últimos días en Siria, tienen el potencial para convertir la situación en algo similar a los acontecimientos de Libia; especialmente si se tiene en cuenta que Hafiz Al-Assad ordenó a su ejército -en 1982- la represión del levantamiento de la Hermandad Musulmana que dejó unas 20.000 víctimas solo en la cuidad de Hama. Plantearse hoy la hipótesis de una intervención militar –al estilo de las operaciones en Libia- enviaría en este momento, una señal mucho más fuerte sobre la gravedad de las posibles consecuencias -económicas, diplomáticas y judiciales- que Bashar Al-Assad afrontaría de persistir con el modelo de su padre, independientemente de si las Naciones Unidas o una coalición de Estados estén en capacidad de llevarla a la práctica.
El régimen sirio ha trazado una línea sobre cuánto está dispuesto a negociar y ceder, en particular luego de la derogación de la Ley de Emergencia. Junto a esta línea, el régimen sirio ha comenzado la recuperación del espacio y buscará contener las manifestaciones, en principio porque debe hacerlo –si desea continuar en el poder- y tal vez lo más importante, porque puede hacerlo en base a una serie de factores.
Uno de ellos se deriva de las inconsistentes reacciones a los hechos en la región por parte de las potencias internacionales. Si se analizan las respuestas dadas desde Occidente a los sucesos de Yemen, Bahrein, Libia y Siria se observa que no existe una práctica uniforme y conforme a la protección de los DDHH de esos nacionales, sino que influyen más las razones estratégicas, políticas y económicas. Y es allí donde el régimen sabe que tiene el tiempo para operar sobre los manifestantes y tratar de disuadirlos por los medios que sea.
Por otro lado, al momento de la intervención de Naciones Unidas, Gadafi ya había perdido el control de más de un tercio de su país y sus fuerzas armadas eran frágiles y mal equipadas debido a los casi cincuenta años de embargo militar. Por el contrario, Siria tiene un ejército cohesionado, dispone de equipos rusos –si bien no son de última generación- y se sospecha que ha llevado adelante un programa de armas químicas. Además Siria es aliada de Irán y las potencias occidentales consideran que una acción diplomática podría empujar más a Siria hacia Irán con el consiguiente riesgo de represalias –vía Hezbollah- contra de Israel en Líbano.
En la mañana, el portavoz del gobierno jordano, Taher Al Adwan, confirmó el cierre de las fronteras de su país con Siria y dijo que el cierre se llevó a cabo desde el lado sirio; esta noticia sin embargo, ha negada por la Agencia de Noticias Siria (SANA). El gobierno sirio, en cambio, ha acusado a los jordanos de contrabandear armas a los residentes de Daraa desde el inicio de las protestas a mediados de marzo.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), un grupo de 52 juristas eminentes con sede en Ginebra, señaló en un comunicado que El Consejo de Seguridad tiene que investigar "asesinatos en masa" por parte de las fuerzas de seguridad en Siria que podrían justificar el enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, dijo que las fuerzas de seguridad sirias, incluidos los miembros de la guardia presidencial, y las milicias pro-régimen, se creen que están llevando a cabo estos ataques y el Consejo de Seguridad debe proteger a los manifestantes pacíficos de homicidios ilegítimos y debe examinar la situación con el fin de establecer la responsabilidad de los autores y dar justicia para las víctimas.
La CIJ pidió a las autoridades sirias que cesen en el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y consideró además, que llevar a cabo esos ataques -incluidos disparar munición real contra multitudes- el régimen sirio debe ser considerado penalmente responsable.
Se estiman que más de 330 personas han muerto en las cinco semanas de protestas que se desataron en Siria, donde las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud para disuadir las protestas y un gran número de manifestantes continúan detenidos. Por otro lado, en el informe se señala también el accionar de la policía secreta, que allanó casas de defensores de los DDHH -durante la noche- en cercanía de Damasco.
Los hechos de los últimos días en Siria, tienen el potencial para convertir la situación en algo similar a los acontecimientos de Libia; especialmente si se tiene en cuenta que Hafiz Al-Assad ordenó a su ejército -en 1982- la represión del levantamiento de la Hermandad Musulmana que dejó unas 20.000 víctimas solo en la cuidad de Hama. Plantearse hoy la hipótesis de una intervención militar –al estilo de las operaciones en Libia- enviaría en este momento, una señal mucho más fuerte sobre la gravedad de las posibles consecuencias -económicas, diplomáticas y judiciales- que Bashar Al-Assad afrontaría de persistir con el modelo de su padre, independientemente de si las Naciones Unidas o una coalición de Estados estén en capacidad de llevarla a la práctica.
El régimen sirio ha trazado una línea sobre cuánto está dispuesto a negociar y ceder, en particular luego de la derogación de la Ley de Emergencia. Junto a esta línea, el régimen sirio ha comenzado la recuperación del espacio y buscará contener las manifestaciones, en principio porque debe hacerlo –si desea continuar en el poder- y tal vez lo más importante, porque puede hacerlo en base a una serie de factores.
Uno de ellos se deriva de las inconsistentes reacciones a los hechos en la región por parte de las potencias internacionales. Si se analizan las respuestas dadas desde Occidente a los sucesos de Yemen, Bahrein, Libia y Siria se observa que no existe una práctica uniforme y conforme a la protección de los DDHH de esos nacionales, sino que influyen más las razones estratégicas, políticas y económicas. Y es allí donde el régimen sabe que tiene el tiempo para operar sobre los manifestantes y tratar de disuadirlos por los medios que sea.
Por otro lado, al momento de la intervención de Naciones Unidas, Gadafi ya había perdido el control de más de un tercio de su país y sus fuerzas armadas eran frágiles y mal equipadas debido a los casi cincuenta años de embargo militar. Por el contrario, Siria tiene un ejército cohesionado, dispone de equipos rusos –si bien no son de última generación- y se sospecha que ha llevado adelante un programa de armas químicas. Además Siria es aliada de Irán y las potencias occidentales consideran que una acción diplomática podría empujar más a Siria hacia Irán con el consiguiente riesgo de represalias –vía Hezbollah- contra de Israel en Líbano.
Es por todo esto que cualquier intervención militar desde Occidente no resulte viable por el momento.
Un detalle que no es menor está dado por la consideración estratégica. Tanto EE.UU como Europa están dispuestos a asegurar a los levantamientos árabes -y a los gobernantes aliados- con respuestas para que no se desestabilice todo el Medio Oriente, pero siempre y cuando no esté en riesgo el suministro de petróleo hacia los países centrales.
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