El nuevo discurso del Presidente Bashar al-Assad, fue sustancialmente diferente al pronunciado rendido ante el Parlamento el 30 de marzo, dos semanas después del estallido de la inmensa mayoría de los graves problemas internos que su régimen ha enfrentado. Ahora, con un nuevo gabinete en funciones, Al-Assad dijo a los ministros que su misión era entregar una serie de reformas, cambios estructurales y establecer una nueva asociación con el público que haría de Siria un ejemplo para la democracia en la región.
Además de levantar las leyes de emergencia, Al-Assad también dijo que habrá plazos para una ley que podría diluir el monopolio de su partido Ba’ath; una prensa nueva y moderna junto a una ley de medios; una ley que regule las manifestaciones, por lo que los manifestantes estarían protegidos por la policía, entre otras tantas medidas. También prometió medidas para satisfacer las necesidades económicas de la gente, estimular la inversión y la creación de empleo. El presidente sirio destacó que la transparencia, el diálogo y la comunicación entre el gobierno y el público, de modo que, incluso si no fuese posible satisfacer todas sus necesidades, se entendiera por qué.
Un tema que fue largamente abordado fue el efecto corrosivo de la corrupción en todos los niveles. El mandatario sirio dijo que debe ser combatida no sólo con declaraciones vagas, sino con mecanismos estructurales tales como un registro de los bienes declarados por los altos funcionarios, contratos de licitaciones transparentes, una autoridad para investigar las acusaciones y las situaciones sospechosas, y la eliminación de los trámites de rutina donde los sobornos son comunes.
Si bien reconoció el derecho a manifestarse, Al-Assad destacó que la aceptación de protesta y las demandas de reforma no confiere el derecho de sabotear y advirtió que no se tolerará la destrucción de propiedad pública y privada.
En contraste con su discurso de marzo, ahora expresó su tristeza por la sangre que había derramado, diciendo que todos aquellos que perdieron la vida sean considerados mártires. Desde el gobierno, las investigaciones sobre la violencia están en curso y los responsables serán obligados a rendir cuentas, sostuvo Al-Assad.
Esta semana el diario norteamericano The Washington Post, divulgó una serie de cables diplomáticos en los que se muestra como el Departamento de Estado ha financiado en secreto a grupos sirio de la oposición y los proyectos relacionados, incluyendo un canal de televisión satelital que transmite programación en contra del gobierno sirio, han recibido unos u$s 6 millones desde 2006. El canal por satélite con sede en Londres, Barada televisión –por el río que cruza Damasco-, comenzó a emitir en abril de 2009 pero ha incrementado sus operaciones para cubrir las protestas de masas en Siria como parte de una campaña de larga data para derrocar a Bashar Al-Assad.
No está claro si el Departamento de Estado sigue financiando a grupos de la oposición siria, pero los cables indican que el dinero se giró -al menos- hasta septiembre de 2010. Tamara Wittes, Secretaria Adjunta de Estado que supervisa la cartera de la Democracia y Derechos Humanos en la Oficina de Asuntos de Oriente Próximo, dijo el Departamento de Estado no respalda a partidos o movimientos políticos sino que se apoya a un conjunto de principios y que hay una gran cantidad de organizaciones en Siria y otros países que buscan cambios de su gobierno y esa es una agenda que se va a apoyar.
Este discurso marca un cambio en la perspectiva del régimen sobre la forma de abordar las manifestaciones, pero principalmente sobre la percepción que se tenía de los manifestantes al comienzo de los reclamos y ahora.
La gente difícilmente dejará de protestar hasta que los presos políticos estén en libertad; las fuerzas de seguridad secretas sean desmanteladas; Makhlouf sea echado de Syriatel; Atef Najeeb, jefe de Seguridad Política en Daraa, sea castigado por la represión; permitir el regreso a todos los sirios exiliados y no más Ba’ath como partido hegemónico.
Tal vez las autoridades sirias deberán pagar un alto precio por hechos del pasado –incluso que pueden ser ajenos a su administración- pero que deben ser resueltos hoy; hasta el momento las medidas no afectan a la elite política-económica y esta incomprensión podría aumentar el costo político a pagar en el futuro.
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